Recurso de casación en interés de Ley o la manipulación jurídica

Antes de nada quiero admitir que no había oído nunca hablar del Recurso de Casación en Interés de Ley. Ha sido un fiel (y muy informado) lector de este blog quien me ha advertido de su existencia. Y lo ha hecho a raíz de un artículo reciente que publiqué sobre una sentencia contra Hacienda, advirtiéndome de que no cantáramos victoria antes de tiempo puesto que existe un mecanismo «legal» por el que Hacienda puede dar al traste con las consecuencias de la sentencia. Es un asunto que me parece de lo más vergonzoso porque es una artimaña rastrera y hasta vomitiva. No tengo palabras bastantes para expresar el asco que me da este tipo de actuaciones de la Administración.

Alternativas al recurso de casación en interés de ley

#Recurso de casación en interés de Ley

Recurso de casación en interés de Ley. La mayor puñalada por la espalda a la justicia

La alternativa a este recurso que, como digo desconocía, es la de legislar de nuevo cuando algo le está dando quebraderos de cabeza a la Administración. Eso sí que lo conozco desde hace mucho tiempo y es bastante habitual. Incluso lo he sufrido en carnes propias y sé perfectamente cómo funciona. Ahora bien, según dice don Manuel, el lector que acaba de poner el dedo en la llaga, cuando se hace esto la gente se entera, o al menos un importante número de personas, y estas actuaciones siempre acaban teniendo un coste político. En cambio, el recurso de casación en interés de ley es sibilino y, permítanme la expresión, traicionero, una puñalada por la espalda a la justicia. En definitiva, una absoluta manipulación jurídica que, será todo lo legal que quieran, pero para mí no tiene ninguna legitimación.

Como el texto recibido está muy bien argumentado, lo voy a transcribir tal cuál, limitándome tan solo a una pequeña revisión:

Ramón, le voy a explicar el mecanismo que tiene la administración para revocar una multiplicidad de sentencias en su contra y de paso un caso, que está actualmente en el T. Supremo, y que, al lado del que nos cuenta hoy, este se queda en agua de borrajas.

Se trata de la forma de calcular las plusvalías municipales. Teóricamente, si se vende un inmueble hay que pagar al Ayuntamiento este impuesto sobre la plusvalía de los terrenos. Si han pasado diez años desde que se adquirió, por ejemplo, sobre el valor catastral, se aplica una tasa (de interés) sobre cada año transcurrido multiplicado por el número de años, y sobre la diferencia se calcula el impuesto. A más años, más impuesto, sea cual sea la cifra de la venta o de la compra.

Pues bien, un economista-arquitecto recurrió porque descubrió que la fórmula utilizada por los ayuntamientos, que está en una norma de rango superior, lo que calcula no es la revalorización desde hace diez años hasta ahora, sino la revalorización desde ahora hasta dentro de diez años. Esto, según el número de años puede significar hasta un 30% o 40% más, según los casos. No voy a entrar en el tecnicismo calculatorio pero he de decir que hace diez años vendí una casa y me di cuenta, se lo expliqué al funcionario, que conmiserativamente me contestó: «Puede que tenga razón, pero está en la Ley, recurra si no está de acuerdo».

Pues bien, este economista-arquitecto ya jubilado, sí recurrió y ganó el juicio. Desde entonces otros muchos, enterados del mismo han ganado muchos juicios utilizando la misma sentencia, la mayor parte en Cuenca, donde él ha asesorado a muchos despachos en el tema, pero también en otros municipios por toda España que le han reclamado para asesorarles.

Pues bien, el ayuntamiento de Cuenca ha interpuesto el privilegio de la Administración de Recurso de Casación en Interés de Ley. Lo ha hecho con el apoyo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Hasta ahí, desagradable, pero normal en este país de publicanos.

El truco de este procedimiento legal, es que la administración recurrente «elige» la sentencia que mejor se adapta a sus intereses, esto es, aquella en la que el juez, por ejemplo, harto ya de darle la razón al contribuyente, menos haya motivado la sentencia, o simplemente haya hecho referencia a otra anterior sin que haya quedado suficientemente recogida la fórmula o el razonamiento en el Fallo o considerandos. Todo ello para que la Sala del TS no tenga suficientes elementos de juicio a la hora de juzgar. Hay que tener en cuenta que el TS no tiene por qué conocer de todas las demás sentencias, solo de esa, que ha sido adecuadamente «seleccionada».

Me dirá, pero es que la otra parte puede alegar y volver a decir lo mismo que dijo en su día en el primer juzgado. Pues no, eso es teórico, porque la otra parte solo puede ser, y ahí esta el truco, la que ya ganó su pleito, y diga lo que diga el TS en el nuevo Fallo a él no le afecta. Comprenderá que un particular no tiene el más mínimo interés en pleitear otra vez algo que ya ha ganado y que ya no le afecta y encima en el Tribunal Supremo.

Por ello en la mayor parte de los Recursos la otra parte no se persona, ¿para qué? Si ya ha ganado su juicio, no va a pagar a su abogado y procurador nuevamente si ya lo ha ganado. ¿Para que defienda el interés general? Para eso se supone que está el fiscal o el abogado del estado.

Y en el caso en el que el propio despacho de abogados, por prurito profesional o porque el caso le va a dar fama, decida correr con sus gastos sin que los pague el cliente, ¿sabe el truco? La administración busca de entre todas las sentencias y «selecciona» aquella en que el abogado, o bien sea especialista de otra jurisdicción, bien laboral o penal, o no tenga el menor interés personal en perder el tiempo en un pleito que ni le va ni le viene, que ya cobró y que encima lo tiene que pagar él o dedicarle su tiempo profesional, que es lo mismo, y no le va a añadir fama porque su especialidad es de otra jurisdicción.

En el caso que nos ocupa, por un casual, un importante despacho de Madrid, que estaba llevando un caso parecido e iba a presentar o había presentado un pleito contra el ayuntamiento, utilizando el mismo razonamiento que ya se ha ido extendiendo su fama aunque hasta ahora, únicamente haya llegado al TSJCLM, se ha hecho cargo de asesorar y no sé si retribuir al abogado que en su día ganó el pleito para que nos defienda a todos los contribuyentes, porque, como pueden imaginarse, el abogado del estado y el fiscal se han puesto de perfil y han apoyado las manifiestamente erróneas tesis del ayuntamiento de Cuenca.

Excuso decirle que la importancia del fallo del TS es capital. Estamos hablando de miles de liquidaciones por todo el territorio nacional, que afectarán a miles de liquidaciones mal hechas y, si falla a favor de los contribuyentes, que ocasionará un agujero en las financiaciones locales similar o superior al céntimo sanitario.

Hete aquí cómo, teniendo múltiples sentencias en contra, una administración puede darle la vuelta al asunto. Repito, se llama Recurso de Casación en interés de Ley o su sinónimo popular: «hecha la ley, hecha la trampa». A no ser que una casualidad dé al traste con el montaje, ni nos hubiéramos enterado. Por eso Ramón, no se puede cantar victoria, que la administración tributaria es como una hidra con muchas cabezas.

Y no crea que la culpa de un mal Fallo la hubiera tenido la Sala del Supremo, si lo que estudia y le llega habitualmente es intencionada y deliberadamente incompleto, encima no hay contraparte que la defienda y los supuestos defensores del interés general (o de Montoro) o de la legalidad, que se supone a todo funcionario y al fiscal —por definición—, apoyan a la administración de turno.

Le cuento esto porque en cuanto nos descuidemos, a la sentencia que hoy nos comenta y a las anteriores en el mismo sentido, le van a aplicar el mismo truculento rodillo jurídico.

Hay otra técnica que la administración tributaria utiliza, aunque es mucho más transparente y pública. Hace una nueva norma, por ejemplo reforma la Ley G. Tributaria, o la que corresponda, y barre multitud de potenciales pleitos que ya se vislumbraba iban a perder. Pero de eso se entera casi todo el mundo y a veces tiene coste político. Pero es que a partir de la nueva Ley G. Tributaria han colado un precepto por el que los usos o normas tributarias internas de la administración tendrán rango legal y pueden ser invocadas en jurisdicción CA, lo que los jueces se han resistido a admitir hasta la saciedad.

No tengo nada contra los funcionarios en general, pero cuando Rajoy nombró el Consejo de Ministros y vi que todos menos uno o dos, eran funcionarios me eché a temblar. Teóricamente la Constitución consagra tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero de facto existe otro del que no hablan los libros de texto que es el Administrativo, como dice la doctrina del Supremo, con «supremacía y control sobre los ciudadanos y con facultades exhorbitantes» y cuyo único freno es el poder judicial, en su jurisdicción Contencioso Administrativa. Si a esta la cortamos las alas o la mediatizamos estaremos en una verdadera dictadura administrativa de facto. Otro día hablaremos de las Leyes que nos deja ese gobierno de Rajoy. No ha modificado ni una de las leyes ideológicas de Zapatero pero nos ha dejado una herencia de aúpa, desde la Ley de Seguridad o Ley Mordaza, pasando por la Nueva Ley G. Tributaria y ahora una nueva Ley de Procedimiento Administrativo.

Y en este país de corderos que pacientemente van al matadero, nadie dice nada… ¿Cómo dijo aquel? Para, que me bajo… Pues eso. Buenas noches… y ¡buena suerte!

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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9 Comentarios.

  1. Para todos que estén interesados en este asunto y hayan planteado recursos ante los ayuntamientos contra la plusvalía que el ayuntamiento les haya liquidado, y estén en fase judicial, que sepan que hay una providencia del TS sobre asunto que se le ha planteado por el abogado del estado en interés de Ley.

    El TS (increíblemente creo yo por haberse “llevado a andanas” es decir no entrar en el fondo del asunto) ha dictado una providencia en la que decide no sentenciar hasta que el Tribunal Constitucional se defina sobre otro caso que tiene planteado por un juzgado del País Vasco. Este caso pone en duda que se pueda aplicar revalorización de inmuebles a efectos impositivos cuando el valor de mercado haya disminuido atendiendo al principio de capacidad económica del ciudadano (obligado tributario en jerga hacendista).

    Esta providencia, que en principio como todas las resoluciones judiciales, es pública, en realidad solo se comunica a las partes, y si estas no la publicitan, nadie se entera. La realidad es que es una providencia guardada bajo site llaves para que nadie se entere. ¿Por qué? Porque se puede hacer valer ante los juzgados donde haya pleitos para que no sentencien hasta que se defina el TS y por supuesto para que no se les condene en costas.

    Por qué está una Providencia en un asunto en interés de Ley mantenida en secreto y que afecta a tantos ciudadanos? Por qué el TS no se ha defnido sobre el fondo del asunto y lo deja al albur de una sentencia del TC cuya relación es colateral? Está claro que hay muchos intereses en juego, y la financiación de los ayuntamientos se pueden resentir. Pero hay un bien superior que es la Justicia que también está en juego.

    Menos mal, Ramón, que como ya ha pasado en el céntimo sanitario, y en las sentencias sobre las hipotecas y claúsulas suelo, tenemos una nueva instancia, el Tribunal Europeo, que ya ha puesto los puntos sobre la íes a nuestra judicatura y que es una garantía del cumplimiento de nuestras propias leyes. Y no digo más, que cada uno interprete lo que quiera.

  2. Fundamento de Derecho de esta figura:

    ENCICLOPEDIA JURIDICA
    Recursos en interés de la ley

    Derecho Administrativo

    El recurso de casación en interés de la ley se concibe en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, (arts. 100 y 101), como un recurso extraordinario para remediar las consecuencias que para el futuro puede tener una sentencia que se considere gravemente dañosa para el interés general y errónea y que no pueda ser objeto de recurso alguno.

    Se trata pues de un mecanismo procesal que permite asegurar la interpretación y aplicación del ordenamiento que se considere correcta por el más alto órgano jurisdiccional. De esta manera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, o de un Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma, si la sentencia recurrida lo es de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en aplicación de normas emanadas de laComunidad Autónoma, al estimar el recurso en interés de la ley fijará la doctrina legal.

    El fallo se publicará en el Boletín Oficial del Estado o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma y, a partir de entonces, vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado del mismo orden jurisdiccional. En todo caso, la sentencia que se dicte respetará la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida. Este recurso puede interponerse en el plazo de tres meses por la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo, por el Ministerio Fiscal y por la Administración General del Estado.

    • Si alguien tiene interés en ver por qué los ayuntamientos calculan mal la plusvalía, con gusto se lo explicaré. Sólo hay que tener la mínima formación algebraica que se supone todos aprendemos en la Educación secundaria obligatoria, antes bachillerato.

      • Hola, actualmente estoy en un proceso con mi ayuntamiento por una herencia, me parece desproporcionada la cantidad que nos solicitan, ya que hace unos cinco años se actualizo toda la finca con nuevas escrituras y se realizaron los pagos correspondientes.
        Si puede ayudarme con la fórmula para saber la cantidad de plusvalia que genera, sera de gran ayuda. Gracias.
        Mi corrreo: jmmc@movistar.es

        • No soy un profesional de la asesoría fiscal. No puedo entrar en su caso particular.

          La fórmula es la conocida de interés simple CxRxT/100 pronunciado “carrete partido por cien” que muchos recordarán de su época escolar como fórmula del interés simple. C es el capital (inicial) en este caso el valor inicial del terreno, R es el tipo de interés anual o tasa de revalorización en tanto por ciento (por eso se divide por cien para ponerlo en tanto por uno) y T es el tiempo en años si es un periodo anual. Esta es la formula que se aplica para el cálculo de la plusvalía o revaorización. A un inmueble de valor inicial (del terreno) Vi se le aplica la tasa que tenga establecido el ayuntamiento (cada ayuntamiento elige el suyo) con las limitaciones de máximos de la Ley y el número de años enteros desde que se adquiríó. Así por ejemplo para menos de cinco años el máximo es del 3,75%, y para más de quince y menos de veinte (que es el límite) el 3%.

          El fallo es que ese valor es el inicial Vi, no el final Vf que es lo que aplican los ayuntamientos. Aplicando Vf, esto es, el valor conocido de hoy, base del IBI, estaremos calculando la revalorización que va a haber en los próximos T años, no los que ha habido en los últimos T años.

          Vaya por delante que todo es una ficción, porque puede que el valor catastral del terreno no se haya modificado en ese tiempo e incluso que el valor real del mercado haya bajado, como ha sucedido en los últimos años. Ahí es donde se acogen los Ayuntamientos, que no es una plusvalía realmente calculada sino un artificio para gravar una imaginaria revalorización teórica no real y que hay que tomarla al pie de la letra. Muy bien, pero de ser así el legislador no se habrá tomado la molestia de poner una fórmula de cálculo y simplemente habría puesto una tabla de coeficientes, como por ejemplo se hace en los coeficientes del tipo de gravamen del IRPF.

          Pero sigamos con la fórmula. Dado que no sabemos el valor inicial, que es la incógnita a despejar para aplicar la fórmula bien, utilizamos un poquito de álgebra. Se trata de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cualquier estudiante de bachillerato lo resolvería. Estas incógnitas son valor inicial Vi y Plusvalía. Y los datos son R, T y el Vf o valor catastral (la base del IBI realmente) actual. Las dos ecuaciones son las siguientes,
          P, la plusvalia: P = Vf – Vi (valor final menos valor inicial)
          y Vf = Vi + Vi x R x T o también escrito, Vf = Vi + Vi R T
          (el valor final es igual al inicial más la revalorización habida). Pero esta segunda ecuación nos lo da en función de Vi que no conocemos. Lo que queremos es ponerlo en función de Vf, que si conocemos.

          Despejando pues en la segunda: Vi = Vf / (1+ RT)
          y la plusvalia P = Vf R T / (1+RT)

          es decir, el término RT/(1+RT) es lo que hay que aplicar y no RT como se hace ahora. O sea, que a la fórmula de ahora hay que dividirla por 1+ RT.

          Todo ello tiene lógica, porque si empezamos con valor del terreno Vi y llegamos al valor actual Vf la plusvalia será inferior que si partimos de ahora y calculamos la plusvalia de Vf dentro de T años, ya que Vf es siempre mayor que Vi. Ya que se parte de cantidades diferentes, Vi, hace T años. Y Vf la inicial para calcular la de dentro de T años.

          Hace T años el valor del terreno era V/(1+RT), ahora es V y dentro de T años será V x (1+RT) donde V es el conocido valor actualmente como base del IBI.

          Pongamos un ejemplo:
          Un inmueble vendido con veinte años y el 3% de tasa (es la máxima para ese periodo) aplicada por el ayuntamiento. La diferencia de cálculo sería aplicar a la del ayuntamiento 1/(1+RT) es decir: 1/(1+0,03×20) = 1/1,6
          o lo que es lo mismo multiplicar por 0,625.
          El Ayuntamiento nos hace pagar más de lo debido en este caso. Si tuviésemos que pagar 1.000 € la cantidad debida serían 625 €, es decir 375€ de más, un 60% mayor.

          El mérito del Economista-Arquitecto que recurrió por primera vez es poner estos cálculos en un lenguaje jurídico que una persona de letras al que se le haya olvidado las reglas del algebra elemental lo pueda entender. Yo he visto el texto y se necesitan varias páginas.

          ¿Por qué los ayuntamientos aplican esta fórmula mal? Primero porque el valor que conocen es el valor de hoy, no el que tenía hace T años. Cualquier estudiante de secundaria les habría calculado el valor inicial partiendo del final a interés simple. Pero ni el funcionario que escribió la norma ni el que la aplica se acuerda o lo sabe hacer. Si la Norma marcara la fórmula antedicha, saldría un algoritmo complicado de plasmar literalmente en una norma. Aunque yo he visto algoritmos de interés compuesto mucho más complicados en una ley. En interés compuesto hablamos de exponenciales (1 + R) elevado a T o a menos T si se trata de retrotraernos en el tiempo y calcular el valor inicial. Este es el que se calcula en matemática financiera para cualquier cálculo de este tipo, pero ya sería salirnos del tema que nos ocupa. De hecho se utiliza esta fórmula para los coeficientes de abatimiento y otros de actualización de la plusvalía corrigiendo la inflación a efectos del IRPF y otros, por eso se ponen directamente las tablas con los coeficientes para no complicar con los cálculos.

          Aquí “para simplificar” nos cobran hasta un 60% más. Sic.

          • Hay una pequeña errata, donde dice Plusvalía,
            P = Vf -Vi (valor inicial menos valor final) debe decir: valor final menos valor inicial, como se lee en la fórmula.
            Pero no influye en el cálculo, sólo es de texto explicativo y se deducía fácilmente.

          • Lo veo y lo modifico. Gracias.

  3. Luis arencibia

    Genial exposición.

    • Mariano Melero

      Muy buena la explicacion u ke aseguro que la tendré en cuenta para realizar la comparación con mi Ayuntamiento.

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La Lectura de Ramón