Ley valenciana de custodia compartida – ANULADA

Siempre he sido partidario de la centralización de las leyes de un país. Ya resulta todo bastante complejo centralizando la legislación, como para que cada autonomía tenga capacidad propia para legislar. Estas legislaciones paralelas, o tangenciales, son además un nido de desigualdades. ¿Por qué un valenciano tiene que tributar más o menos que un andaluz o un madrileño? ¿Por qué no es lo mismo heredar en Barcelona que en Sevilla? ¿Por qué las normativas en cuanto a divorcios, regímenes matrimoniales o custodias han de ser diferentes en cada autonomía? ¿No somos los españoles iguales ante la ley? ¿No deberíamos de estar sujetos a las mismas leyes? Siempre me ha parecido absurdo que no sea así, y quizá por eso no me molan mucho las autonomías; creo que al final solo sirven para complicar las cosas y para multiplicar los gastos. Gastos que, recordemos, acaban saliendo de nuestros impuestos, sean estos nacionales o autonómicos. Esta vez voy a centrarme en la ley valenciana de custodia compartida y su reciente anulación (28 de noviembre).

Ley valenciana de custodia compartida

#Ley valenciana de custodia compartida

Ley valenciana de custodia compartida. Anulada por el constitucional

La Ley valenciana de custodia compartida estaba dando prioridad al pacto entre progenitores, pero cuando no había acuerdo entre ellos, la regla general era la custodia compartida. Debo decir que el criterio me parece bueno, pero ¿por qué los valencianos lo tienen (tenían) así y los demás no? ¿No somos todos españoles?

Lo que ha ocurrido hace poco es que el Tribunal Constitucional ha anulado la ley valenciana de custodia compartida (en vigor desde mayo de 2011) por invadir competencias estatales. La verdad, si ya resulta redundante y cansino que las comunidades autónomas legislen por libre, todavía resulta peor que lo hagan sobre cosas que saben que no tienen atribuciones. Hace poco hablaba de que se había anulado, por el mismo motivo, la ley sobre el régimen matrimonial, y si no recuerdo mal, también se anuló la de las parejas de hecho. En definitiva, un cachondeo.

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Como el tema de las custodias es muy sensible, el tribunal ha decidido aclarar que la anulación de la ley valenciana de custodia compartida no afectará a situaciones ya consolidadas. Eso parece razonable, pero al mismo tiempo, consolida discriminaciones entre parejas valencianas y parejas de otras comunidades.

Puede verse el texto de la ley que se ha anulado AQUÍ

La Ley quedó en su momento suspendida cuando se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad, pero esa suspensión fue levantada el 22 de noviembre de 2011 y desde entonces hasta la anulación, se ha seguido aplicando. Se puede acceder al documento del levantamiento de la suspensión AQUÍ

Ramón Cerdá

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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8 Comentarios.

  1. Esto me recuerda el tema de los Estatutos autonómicos y la inquina (por no utilizar epítetos más fuertes) que el PP demostró con el de Catalunya porque recurrió ante el Constitucional (que le dio en parte la razón, lamentablemente) cuando ese mismo PP NO HABIA RECURRIDO OTROS ESTATUTOS AUTONOMICOS QUE DECÍAN EXACTAMENTE LO MISMO. ¿Cómo explicar la diferencia de trato? Por eso entiendo lo de la igualdad jurídica que dices.

  2. A mí me llama mucho la atención que para cualquier propuesta –sea más o menos racional, descabellada o pintoresca- siempre hay algún partido o grupo que la defienda, y sin embargo no hay ninguno que proponga y defienda la abolición de las autonomías. Creo que un porcentaje significativo de la población estaría de acuerdo en que son un sumidero incalculable de recursos y un chorro también incalculable de malversaciones y corruptelas, de duplicidades y desigualdades, y de complicaciones administrativas innecesarias. Más valdría que todos los esfuerzos se centraran en controlar bien a una administración nacional, para la que un ciudadano sea lo mismo que otro, viva en Betanzos, Úbeda, Zamarramala, Candelaria o en Barcelona, y que tenga que soportar la menor burocracia posible de la manera más sencilla y barata. Y no por eso se iban a anular las diferencias lingüísticas, culinarias, folklóricas o del tipo que sea.

    • La tendencia siempre es al incremento del gasto y no a su racionalización como debiera ser. Ante eso solo se defiende el crecimiento imparable de la economía para conseguir un mayor sangrado de la misma vía impuestos. Sencillamente lamentable. Hay muchas cosas en las que los políticos, sean del partido que sean, están muy de acuerdo; incluso en algunas cosas en las que «disimulan» algunas diferencias solo para que parezca que piensan distinto de cara a la galería.

      • Si hay un partido que defiende la abolición de las autonomías se llama Vox. Su líder es Santiago Abascal que era diputado del PP y se salió del partido cuando Rajoy llegó al poder. Es también el partido de Ortega Lara. Y se siguen presentando a las elecciones. A Alejo Viadal Cuadras le faltaron un puñado de votos para salir eurodiputado.

        UPyD propugnaba también una recentralización del Estado. Por eso no se puso de acuerdo con C’s porque consideraba que este era demasiado autonomista, aunque se enfrentara al nacionalismo.

        La mayor parte de la población, según el CIS, que lo pregunta en cada encuesta, quiere que las autonomías se reduzcan o desaparezcan. Que el estado recupere competencias que nunca debieron ser cedidas.

        ¿Entonces por qué los políticos no? Muy sencillo, es una forma de apesebrar a los cargos del partido, de pagarles, de obtener gabelas y sinecuras y, sobre todo, poder.

        Cuando un partido grande pasa a la oposición tiene una larga travesía del desierto, y las autonomías, además del senado y la eurocamara, son una forma de dar cargos, asesorías, etc. Clientelismo en suma para hacer que un partido sea suficientemente grande para contentar a sus seguidores, que aunque parezca que lo hace por amor al arte, la realidad es que se buscan intereses y cargos.

        Esa es la explicación de que cuando se habla de disminuir el déficit excesivo se suban impuestos en lugar de bajar gastos. En eso el Psoe y el PP se han puesto de acuerdo la semana pasada en cinco minutos. Miles y miles de “colocados” de los partidos nos contemplan. Asesores, empresas públicas, semipúblicas y medipensionistas. Organismos, observatorios y fundaciones. Si les dejamos, los políticos nos comerán por las patas. Y en eso son casi todos iguales.

        En lo siguiente que se pondrán de acuerdo será en blindar las autonomías. La reforma constitucional va por ahí, y el estado federal. Las competencias autonómicas no están blindadas. No se necesita una reforma constitucional por el procedimiento agravado para el titulo VIII. Y por lo tanto referendum. Si quisieran se podrían recuperar la mayor parte de las competencias. Pero no quieren y tienen miedo de que partidos como UPyD, Vox, o quizás C’s con otros lideres como Carolina Punset pudiera plantearlo.

  3. Re: Tal vez porque lo que le convenga a los valencianos difiera de lo que hay para el resto de la ciudadanía española… y la europea (cuya existencia nos recordó D. Mariano).

    Nota: Solo conocía el Derecho Civil Foral de las provincias vascas y del Reino de Navarra, el agrario gallego y el catalán (algo diré). Así que he de confesar que ignoraba el “derecho foral valenciano” (salvo el famoso “Tribunal de las Aguas”, lo que me hace intuir que también existirá un “Derecho de regantes histórico” en Murcia, Canarias y etc.). Tal vez sea porque “forales” son los “derechos históricos”…

    A lo que vamos: el “Estado de las Autonomías” (el que “nos fue dado” para evitar el Estado Federal) ha facultado a Cataluña a crear un Código Civil propio y con ánimo de completitud. Las reformas estatutarias (como la que facultó al Govern de Cat. para dictar Decretos-ley) permitieron incluir en el Estatuto valenciano una cláusula de equiparación que, como es de ver, ha resultado ser sólo “teórica”.

    La pregunta no habría de ser “si los habitantes de una zona pueden o no regirse por normas distintas” (puesto que la realidad demuestra que así es, desde los Edictos locales a los Conciertos Económicos), sino “por qué hay CC.AA. con diferentes competencias legislativas”.

    Todos sabemos que cada estado de EE.UU. tiene su propio derecho (civil, procesal, administrativo… ¡hasta penal!), sin que ello les haga dudar de su usanísmo. Y habría que ver también el régimen de los länder alemanes, los cantones suizos y etc.

    Concluyendo: si pagamos menos impuestos (p.ej.) que vascos y navarros NO es porque nuestras ciudadanías sean diferentes, sino porque los Estatutos regionales sí lo son. Y si los igualásemos… ¿nos replanteamos mejor lo de un Estado Federal Español (o uno Ibérico, por qué no) y alcanzar finalmente el Europeo?

    (Que conste que es solo una opinión bienintencionada: nada que obligue a decantarse por una ideología política u otra, pues hay centralismo de izquierda y de derecha, como hay de lo contrario.)

  4. Eso no quiere decir que el Gobierno de España no pudiera hacer una ley igual ni que esta fuera anticonstitucional. Simplemente que no era de la competencia autonómica.

    La cuestión es por qué el PP hace esa Ley en Valencia y no la hace en el Gobierno nacional cuando tiene mayoría absoluta. Otro de los incumplimientos electorales de 2011.

    En cuanto a derechos y libertades estoy de acuerdo en que estos deben ser iguales para todos los españoles en cualquier autonomía. Sin embargo no lo estoy en el tema fiscal.

    Que en Madrid apenas se pague por impuesto de sucesiones y por Patrimonio, y que se pague menos por IRPF que en Andalucía o Cataluña es una sana competencia fiscal, que dificulta por ejemplo, que los gobiernos socialistas o nacionalistas se lancen a gastos desaforados, simplemente porque se les notaría demasiado.

    El hecho mismo de que Madrid recaude más por sucesiones que Andalucía demuestra la Ley Laffer y también que este impuesto es puramente ideológico. Cuando los votantes del PSOE y otros partidos de izquierda voten sabrán que hay otras opciones más liberales que conducen a un mayor bienestar sin tanto “estado” y cargas burocráticas financiado con nuestros impuestos. Y que estas opciones existen, se ponen en práctica y funcionan fomentando más y mejor la actividad económica.

    Por eso Madrid ha estado perseguida fiscalmente por Montoro (antes por Zapatero) ya que este es un socialdemócrata convencido, como lo es el PP actual, y antes que reducir gastos prefiere aumentar impuestos, aunque cada cuatro años nos mienta diciendo lo contrario para ganarse nuestro voto.

    La sana competencia fiscal es un ejercicio de nuestra libertad y una denuncia de las falsedades socialistas.

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