Ley de morosidad y su constante incumplimiento

Una de las cosas que nunca he logrado entender son los retrasos en el pago de las facturas, y mucho menos su impago, en especial cuando quien tiene que pagar es un organismo público, llámese Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o de cualquier otro modo. Tampoco es que entienda la facilidad con que se permite a personas físicas y empresas incumplir con sus compromisos de pago arrastrando a otros a la quiebra, pero de las administraciones lo entiendo menos. Para acabar con esto (decían con mucho convencimiento, aunque yo nunca creí en ella) nació la ley de morosidad. ¿Pero de qué sirve la ley de morosidad si también se incumple? A estas alturas tendrían que ser conscientes del daño que provocan en el empresariado y en el empleo estos retrasos continuados en los pagos. Empresas que se ven abocadas a la quiebra por falta de tesorería y que a su vez arrastran a otras al no poder cumplir sus compromisos de pago. Y todo tiene el mismo origen sangrante: la morosidad de la Administración, la misma que es implacable con nosotros y nos sanciona y aplica recargos brutales por retrasarnos un solo día en el pago. Como poco, esto habría que catalogarlo de inmoral.

De poco está sirviendo la ley de morosidad

De entrada el nombre que se le da ya parece poco apropiado, es como si a la ley se seguridad vial la llamaran ley de accidentes.

#Ley de morosidad

¿Sirve de algo la ley de morosidad?

La primera pregunta que deberíamos hacernos: Si la ley de morosidad es clara al decir que las administraciones públicas están obligadas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días, ¿por qué la media está todavía, años después de su nacimiento, en setenta y cinco días? La ley se aprobó en 2010 (obligados por la Unión Europea), y seis años después sigue incumpliéndose de manera continua. O sea, el gobierno español «cumplió» con la exigencia de Europa, redactando una ley que no ha servido para nada. ¿Dónde está Europa ahora para decir que no basta con publicar una ley en el BOE si no hay ánimo de cumplirla?

Las administraciones públicas incumplen sistemáticamente la ley de morosidad
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PLAZO LEGAL 55 50 45 30 30 30 30
MEDIA PLAZO REAL 158 159 163 129 90 86 75

Morosos son todos, pero desde luego las más incumplidoras son las Comunidades Autónomas con una media de 85 días; siendo la administración central algo más razonable con 44 días y los ayuntamientos el punto intermedio de este desmadre con 64 días. También hay que tener en cuenta que las cifras son cálculos medios, con lo que resulta evidente que hay administraciones cuyos plazos son todavía mayores de los aquí indicados.

Pero la morosidad es un cáncer que se extiende mucho más allá del sector público. La ley de morosidad también marca plazos a las empresas privadas, y estas también se los saltan a la torera:

Aquí podemos ver que la empresa privada también es laxa en la aplicación de los plazos marcados por la ley de morosidad
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PLAZO LEGAL 85 85 75 60 60 60
MEDIA PLAZO REAL 85 84 84

Las grandes empresas, con su poder de «negociación», que en algunos casos podríamos llamar más bien «extorsión», duplica plazos. Las empresas con más de mil empleados tienen una media de 132 días.

¿Y qué pasa con las sanciones previstas por la ley de morosidad?

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La ley de morosidad es perversa (como casi todas). En esta se dice que si la deuda es superior a 30.000 euros, el deudor deberá abonar un recargo del 15%. Pero la ley dice también: «[…] no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso en el pago», y eso es muy interpretable y complejo a pesar de su aparente sencillez.

Otro problema es que esta sanción no es automática, sino que el acreedor deberá demandar al cliente para hacerla viable, y eso, en la mayoría de los casos es otra arma de doble filo.

En cuanto a Hacienda, retrasar las devoluciones e impedir ciertas compensaciones mientras por otro lado se exigen pagos aunque sean ellos los que nos deben dinero, eso también es robar.

Ramón Cerdá

 

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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4 Comentarios.

  1. Es una cadena que empieza en el estado. Como dice Ramón la AEAT es implacable con recargos. Pero¡ Ah amigo! a la hora de pagar el Estado, aunque hay que reconocer que ha mejorado gracias a las sucesivas medidas de pagos a proveedores de este gobierno, han sido esporádicas y se vuelve continuamente a las andadas y el Gobierno no hace cumplir las sanciones posibles a las administraciones incumplidoras, incluyéndola aplicación del articulo 155 en Cataluña y Valencia, si fuera necesario.

    A esto debo añadir que con la Constitución en la mano el concepto Estado queda muy diluido y realmente tenemos una suma de administraciones. Ya se han cambiado varias Leyes, como la de Patrimoinio del Estado, sustituyéndose por las Administraciones públicas. Eso ya da una idea de la descentralización administrativa. En la cúspide la A. General Central a cuya cabeza está el Gobierno, tiene instrumentos, como ya he dicho antes, pero políticamente no quiere aplicarlos, ni siquiera con mayoría absoluta o sea que ahora mucho menos.

    Una vez más la única solución para este país es que la UE nos sancione por incumplimiento de la Directiva a iniciativa de la Comisión Europea.

    Luego se inicia la cadena. Las grandes empresas acreedoras del Estado (sustituir por AAPP), constructoras, contratistas, suministradores, etc, incumplen amparándose en esa frase que has mencionado de la Ley: su falta de responsabilidad en el origen. Siguen con sus subcontratistas y proveedores y se acaba con los pobres autónomos que están al final de la cadena, que además no pueden quebrar porque responden con todo su patrimonio. Un verdadero drama silencioso que millones de profesionales y empresarios inviduales conllevan a costa de su salud y de sus familias.

    Este es un tema capital para la salud económica de este… paisss (que diría Forges).

    • Si por lo menos hubiera más transparencia y la gente fuera consciente del daño que se hace a muchas empresas y por lo tanto también a muchos trabajadores, supongo que acabarían prestándole algo de atención, pero la gente en general estas cosas no las sabe (o no se las cree).

  2. Algo se ha mejorado, no lo deseable o exigible. Lo que está claro es que es una forma de financiación encubierta a costa de los proveedores quienes, a su vez, intentarán escatimar todo lo que puedan. No se lo reprocho.

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La Lectura de Ramón