La responsabilidad de los abogados en los delitos de blanqueo de capitales – Spain is different

#responsabilidad de los abogados

La responsabilidad de los abogados es un espada de Damocles que amenaza la independencia de la profesión.

Responsabilidad de los abogados

en delitos de blanqueo de capitales

En España, la tendencia que tenemos en los últimos años es la de copiar lo peor de cada país y hacer nuevas leyes diciendo cosas como que «queda margen de maniobra», que «estamos por debajo de la media», o tonterías por el estilo. Comparativas que no se hacen a la inversa, es decir, cuando estamos atrasados en algo y sería conveniente inspirarse en los demás o directamente copiarles. Cuando es así, no interesa, solo vale la pena mirar hacia el otro lado cuando les conviene a nuestros políticos. Hay veces en las que incluso vamos un poco más allá y nuestras normativas transgreden todas las barreras que otros países ni se han planteado atravesar. En este caso me refiero a la responsabilidad de los abogados cuando sus clientes son acusados de blanqueo de capitales.

No voy a entrar en tecnicismos (que aburren al lector) sobre el asunto de la responsabilidad de los abogados, pero en resumen diré que las obligaciones de prevención a las que la legislación española obliga a estos profesionales, choca de frente con el secreto profesional y con el derecho a la defensa de los clientes. No se puede pretender (aunque evidentemente se está pretendiendo y legislando en ese sentido), que los abogados, directamente denuncien a los clientes que acuden a sus despachos pidiendo consejo de un tipo u otro. Se cargan de un plumazo la figura de «confesor», que entre otras, tiene el abogado.

Si la Ley ampara y defiende continuamente que todo el mundo tiene derecho a la defensa, incluso el asesino más sanguinario, no se entiende que se legisle de manera que se obligue a los abogados a dar el chivatazo cuando hay simples sospechas de blanqueo de capitales. Otra cosa distinta es cuando el abogado pueda ser partícipe activo de ello, pero no cuando alguien entra en su despacho a hacer una consulta «sospechosa».

Hay una tendencia en esta, nuestra España actual, a criminalizarlo todo, a inventarse nuevos delitos cada día y a elaborar nuevas prohibiciones a tontas y a locas, y si no se pone un freno a esta tendencia, esto pronto parecerá la antigua Rusia, con un poco más de sol.

En esa tendencia a criminalizarlo todo, hay que añadir que un mismo delito preexistente como el blanqueo de capitales, antes era algo mucho más concreto, ahora a cualquier cosa se le llama blanqueo de capitales. Al principio prácticamente solo se consideraba blanqueo de capitales al dinero proveniente de drogas que se introducía en el tejido empresarial de manera irregular para su oficialización. Ahora, todo parece blanqueo. No hace mucho leí un artículo, no recuerdo dónde, en el que se ponía como ejemplo muy gráfico el hecho de que el imputado por el robo del Códice Calixtino también está acusado por ello de blanqueo de capitales. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, si ni siquiera se llegó a vender el códice? ¿Qué capital puede haberse blanqueado por el hecho de haber robado el códice? No tiene ningún sentido.

En lo que se refiere a la responsabilidad de los abogados en este tipo de delitos, hay un hecho que llama especialmente la atención, y es el hecho de que en España, directamente se le puede acusar de blanqueo de capitales por el simple hecho de haber percibido honorarios provenientes de clientes acusados de ello; cierto que todavía no parece haber llegado la sangre al río y, al menos yo, no conozco ningún caso que haya acabado en condena formal, pero la interpretación de la legislación apunta hacia ese oscuro lugar.

En ese aspecto, la responsabilidad de los abogados es muy distinta en el resto de países civilizados. En Estados Unidos puede que sea donde la normativa es más dura al respecto, y la única consecuencia que hay para el abogado, es que pueden obligarle a devolver el dinero cobrado (entiendo que solo si hay factura de los honorarios); en el resto de países, al menos los europeos, no existe tal delito para el abogado.

Pero bueno, Spain is different, y aquí se pretende, cada vez más, ampliar la responsabilidad de los abogados y usarlos, a menudo, como chivos expiatorios de los delitos de otra gente. No parece muy coherente, y desde luego yo no estoy en absoluto de acuerdo con este tipo de normativas tan desajustadas y fuera de tono.

Ramón Cerdá

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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6 Comentarios.

  1. Lo divertido de todo esto es que el origen de la responsabilidad de los abogados en el blanqueo de capitales fueron unas «recomendaciones» de un organismo FATF-GAFI que sólo representa a los ministerios de 34 países, que consiguieron que la Unión Europea las convirtiera en Directivas bajo la presión constante de los Estados Unidos. Asì ha ocurrido también en otros países: «o aplicas esta legislación anti-blanqueo o no te dejo operar con el sistema financiero mundial.» Hay un libro muy leído por abogados españoles que da ejemplos de esta presión.

    • No dudes en recomendarnos ese libro… ¡¡título y autor!!, para quien esté interesado en leerlo.

      • Por fin encontré el libro (lo tenía guardado en otro lugar): Aspectos Político-Criminales y Dogmáticos del Tipo de Comisión Doloso de Blanqueo de Capitales, de Diana Patricia Arias Holguín.

  2. Efectivamente, los abogado deben primero hacerle un juicio al cliente, y si lo consideran culpable, seguir trabajando con èl mientras lo denuncian al SEPLAC a escondidas. Y, por supuesto, no se le puede cobrar. Al menos, que yo sepa, hay ya un abogado alemán condenado por cobrar. En Francia también se condenó a un Notario (profesión que goza de la máxima respetabilidad en ese país) por no paralizar una operación de compraventa inmobiliaria. Hay que tener en cuenta que en Francia muchas veces es el notario quien recibe los importes de las compras para que luego los ponga a disposición del vendedor.

    La pregunta que se hacen muchos abogados que cuentan con sólo una secretaria, o ni siquiera eso, con los ingresos del turno de oficio por los suelos, que deben abstenerse de cobrar a un posible sospechoso de un delito económico (pero sí debe trabajar para él mientras el SEPLAC investiga a los dos), lo que se pregunta es quién pagará ese tiempo que el Estado le exige (so pena de encarcelarlo) de que dedique tiempo a averiguar si algún cliente existente o un potencial cliente ha cometido algún delito que haya enriquecido, siquiera algo, a su perpetrador. Bueno, y no sólo él, en puridad también a los familiares del posible delincuente. Pues no es necesario, siquiera, que haya sido condenado o imputado.

    • Es muy cierto lo que dices, David. Aquí, como en otras cuestiones, han invertido las cargas, y donde debería investigar quien le corresponda (el fisco o la policía, que para eso están), obligan a los abogados a hacer esas tareas, y como bien apuntas, a escondidas y sin cobrar. ¿Qué ocurre?, que el abogado acaba asumiendo una serie de responsabilidades increíbles:

      1.- Hacerle buena cara a un cliente que puede ser un delincuente para, y bajo mano presentar una denuncia, pone en claro peligro la integridad física del mismo porque podría incluso acabar con un tiro en la nuca.
      2.- No cobrarle nada al cliente, ni una sola provisión de fondos, puede resultarle muy sospechoso al cliente. ¿Qué tendría que hacer el abogado? Lo aconsejable (pero absurdo) sería que le cobrase y que acto seguido depositase ese dinero cobrado en una cuenta del juzgado a la espera de que finalice la investigación. Algo que no tiene ningún sentido pero que, bajo mi punto de vista y conforme están las cosas, sería lo único que eximiría de responsabilidad al abogado. pero aunque la denuncia sea anónima, ¿quiere eso decir que el cliente no se enterará de que ha sido el abogado quien le ha denunciado? me temo que no; es más, si la investigación prospera y llega a juicio, ¿quién dice que no llamarán al abogado como testigo?

      ¿Pero en qué acaba eso? En que la administración no deja trabajar a nadie con libertad, lo cual es más que lamentable. Como a menudo no pueden encarcelar al culpable, buscan chivos expiatorios, y para eso están los abogados, los notarios, y otros pringados.

      Tampoco es correcto, aunque puede acabar siendo lo más prudente, negarse a hacerle ninguna gestión al cliente y no denunciarlo, pero si se pudiese demostrar que eso ha ocurrido, también tendrían responsabilidad por no haber hecho la denuncia.

      En definitiva, que a más de uno se le ha ido la cabeza con estas nuevas leyes y deberían de meditar las tonterías y barbaridades que han legislado.

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