La morosidad del Gobierno

Morosidad gubernamental

Está claro que de un modo u otro al Estado lo hemos de sostener entre todos los ciudadanos; para ello se establece la fiscalidad (nefasto invento, pero necesario como el agua), siendo obligación del Gobierno que esta sea lo más equitativa y justa posible, cosa que hay que admitir que no siempre resulta fácil, y que además, en muchas ocasiones no se pone el debido interés en ello por parte de quien corresponde, beneficiando a quien no se debe o perjudicando más de la cuenta a quien no se puede defender.

Pero esto de sostener al Estado en realidad es una balanza. Balanza que debe estar lo más equilibrada posible. Hay muchos servicios y productos que los propios ciudadanos, por medio de sus empresas, ofrecen al Estado, y es este quien debe pagar las facturas que dichos servicios o productos generen.

Si malo es que exista fraude o que no se gestione correctamente la recaudación, tanto más grave es que cuando el dinero tiene que circular en dirección contraria, no lo haga en condiciones o a su debido tiempo. Esto es lo que durante mucho tiempo ha estado pasando (y sigue ocurriendo) con las farmacias, o con las librerías por poner solo dos ejemplos significativos.

Morosidad: ¿Qué pasa cuando el Estado no paga?

Cuando a una empresa no le paga un cliente, esta intentará cobrarle por todos los medios, incluyendo el judicial, las compañías aseguradoras o el uso de empresas de cobro de morosos, pero siempre tendrá que asumir un porcentaje de incobrables porque forma parte del riesgo de cualquier actividad mercantil.

El verdadero problema es cuando una empresa no tiene muchos clientes entre los que repartir el riesgo y quien le falla es su cliente principal (o único). Si además este único cliente es el propio Estado, ¿qué hacer?

Hace unos días Catalunya anunciaba que no iba a pagar ni a hospitales ni a centros concertados…

… eso inmediatamente provocará el impago de nóminas, y afectará a personas dependientes que no podrán ser atendidas. En resumen, se está jugando con la salud y el futuro de las personas y acrecentando el enorme agujero de la caída del consumo y aumento del paro.

Por otro lado, si alguna de estas empresas que no cobra, tiene que ingresar IVA o cualquier otra obligación fiscal, ahí estarán atentos los señores de Hacienda para echarse a la yugular y acabarlos de asfixiar. Aquí nadie parece entender nada.

Ramón Cerdá

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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3 Comentarios.

  1. Estimado Sr. Cerdá:
    Me he leido la ley de Sociedades de Capital y dice que si es necesario en la modificación de estatutos, cambio de sede…el publicar 2 anuncios en prensa mas otro en el BORME. ¿Esto ha sido modificado? Creo que usted habla de ello pero ahora no lo encuentro, me lo podría confirmar ¿Y en la disolucion tambien lo han suprimido? Gracias Isidro

    • Lo de la publicación era obligatorio solo en S.A., nunca en S.L. Luego se modificó y en las S.A. bastaba con publicarlo en una página web de la sociedad. Actualmente no es necesaria ninguna publicación.

  2. Lo primero que hay que hacer siendo una empresa privada o autónomo es no tener a ninguna Administración como cliente principal, al menos durante más de dos años (cosa que además me parece que marca la ley de contratación a la administración, ahora no estoy muy puesto).
    Por ejemplo, en el sector tecnológico en España es triste ver cómo por regiones hay empresas que viven de la Administración, y además triplicando el valor de las facturas (tanto en tiempos buenos como ahora en tiempos malos, no hay rebajas voluntarias; entre empresas privadas se duplica, no es que no se sobredimensione). Se convierte así no en una relación simbiótica, sino en parasitaria.

    Lo segundo es exigir con contundencia que se paguen las facturas, aunque el cliente sea una administración. Y llegar judicialmente hasta donde haga falta para que al menos se reconozca la deuda y se pague en el futuro.

    El problema mayor y subyacente es el de siempre, sí hay dinero para hacer pagos pero se lo llevan entre cuatro políticos y asesores, y mientras, a no pagar facturas, recortar en servicios y estafar a sus ciudadanos y empleados públicos (personal laboral por oposición, estatutario, funcionario).

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