El Gobierno, una vez más utiliza los Reales Decretos para hacer lo que quiere. Esta vez, subida de honorarios de Registros y Notarios

Ha sido la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) quien lo ha denunciado, y bajo mi punto de vista, creo que muy correctamente. Independientemente del contenido, están las formas, ¿por qué utilizar una disposición adicional de un Real Decreto que se supone que es solo para cosas urgentes y que no pueden tramitarse de otro modo? ¿Qué urgencia existe en estos momentos en incrementar (hasta triplicar) los honorarios de notarios y registradores en las cancelaciones de hipoteca?

En plena crisis vuelven a atacar al ciudadano de a pie perjudicando todavía más, si cabe, la reactivación del consumo. Hablaban de que a notarios y registradores les iban a dar más atribuciones para realizar otras tares que les compensaran de la bajada ocasionada por la crisis, ¿se referían a esto? Yo había entendido otra cosa.

La OCU recomienda a los consumidores que estén cercanos a terminar de pagar su hipoteca, que no la cancelen registralmente si no es imprescindible. Con la Ley actual, si pasan 20 años desde el pago de la última cuota, la inscripción se cancela por caducidad sin coste para el usuario, claro que eso es lo que dice la Ley, y ya sabemos que las leyes, últimamente, nos las cambian cuando les apetece,  nunca a nuestro favor, y muchas veces sin avisar.

De cualquier modo, lo más criticable es el hecho de que una vez más se utilice una disposición adicional perdida entre un enorme texto de un Real Decreto. Es penoso.

 

Ramón Cerdá

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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4 Comentarios.

  1. El actual Ministro de (in)Justicia, Fiscal en excedencia (no hay peor cuña que la de la propia madera) está desmantelandola: a los Procuradores les ofrece la Ejecución de Sentencias (al contrario que Notarios y Registradores, los Procuradores no son funcionarios) y a los Notarios las desjudicialización de procesos no contenciosos… ¿En aras de la rapidez? No, por el vil metal.
    Así, en Cataluña se ha instaurado una «tasa de acceso» a la justicia, en la onda del euro sanitario, el céntimo en gasolina, la subida del IVA
    ¿Que cómo es posible? Fácil: se cedió «competencias» en materia de Justicia a las CC.AA. y se ha vuelto al Reino de Taifas: cada una saca tajada (¿se puede racanear en justicia, sanidad o educación? ¡alucinante!). Tanto es así que los sueldos de los funcionarios -que provienen directamente de los Presupuestos Grales. del Estado. ahora son intervenidos por la Generalitat., quien se apropia de su tasa sobre el funcionario: su 5%.
    Estos pobres mileuristas cobran aún menos que en Extremadura, Aragón, etc.
    Y además no convoca oposiciones, se instauran Juzgados con sólo media plantilla (¿medios Juzgados?)… No busquen normativa, no la hay.
    Está claro que la Justicia «se administra» porque es escasa… pero ahora queda claro quien se queda con el pastel y quien paga la cuenta.

  2. No deja de tener gracia que la falta de criterio sistemático del legislador sólo se critique cuando se ve uno afectado personalmente, cuando lleva siendo práctica habitual de los últimos 25 años, intensificada en los últimos tiempos (donde gobierno y cámaras para justificar su existencia tienen que «legislar», entiendo por tal el acto de vomitar cuantos más bodrios legislativos por hora mejor). Leyes sobre parques eólicos donde se cuela una reforma societaria o a la inversa, sin olvidar la tendencia a aprobar «leyes omnibus» (y eso que se había acabado con las leyes «de acompañamiento» también aprovechadas para modificar leyes de la más diversa índole en el último momento y de rondón), el colmo de la desfachatez legislativa, modificando un poco de aquí y de allí afectando a multitud de leyes como la Ley de Economía Sostenible de 2011. Y a ello no han sido ajenos notarios y registradores, primero, como aplicadores del Derecho, haciendo difícil o imposible esa función ante la vorágine legislativa de este país (las más de las veces sin fundamento, desordenada, apresurada y sin técnica jurídica), segundo, como destinatarios directos, por ejemplo, en materia de aranceles. Éstos se regulan en un RD 1989 (23 años nos contemplan), escasas veces modificado, sin embargo, se han sufrido 62 (!!) reducciones en 20 años, dónde están reflejadas entonces? Pues eso, en multitud de disposiciones adicionales que poco o nada tenían que ver con la función notarial o registral, por supuesto sin memoria económica que lo justifique ni audiencia de los colectivos afectados, infringiéndose reiteradamente la ley, llegándose hasta el esperpento en algunos casos como el RD 2010 que rebajaba un 5% (media) el sueldo de los funcionarios; que, aplicado también al arancel de notarios y registradores y puesto que estos no van con cargo a los presupuestos, en realidad supondría una reducción del 5% en los IRPF de los notarios y registradores así como el de sus empleados. Osea, una medida que se preveía para ahorrar costes públicos resulta que disminuiría la recaudación. De genio. La ley 41/2007 tampoco (una vez más) modificó la norma reguladora de los aranceles (recordemos, RD 1989, osea, una norma de simple rango reglamentario), y teniendo en cuenta que las restricciones arancelarias según doctrina del TS y de la DGRN se interpretan siempre restrictivamente, algunos (no todos) interpretaron la norma en distinto sentido que la OCU (que no sé en base a qué parece estar en posesión de la verdad jurídica universal), estando la cuestión pendiente de decisión en los tribunales. Antes de pronunciarse éstos, el gobierno ZP, el de la ruina, en el último Consejo de Ministros, ya interino (por lo visto no había nada más urgente que hacer con la que estaba cayendo..) se aprobó un RD «aclaratorio» (literalmente, si estaba todo claro segúnla OCU, entonces qué aclarar..), éste sí modificaba ya el RD 1989 de los aranceles, dejando el coste de la intervención notarial-registral en el ridículo (50€ notario – 30€ registro), como había hecho ya anteriormente el mismo gobierno con la Ley Economía Sostenible 2011 con los costes de constitución de sociedades en 100 y 200€ ( a repartir entre los 2), llegándose al esperpéntico ridículo de que la inscripción y alta de los administradores de sociedades cueste más que la constitución de la sociedad en sí, en un claro desprecio a la función que desempeñan notarios y registradores. Y mientras las gestorías cobrando por «llevar y traer papeles» 200-400€ por cualquiera de las indicadas operaciones, pero de éstos parece que la OCU o no sabe o no quiere ni le interesa saber. Por cierto, el RD 2011 «aclaratorio» se aprobó con el informe del Consejo de Estado en contra, el cual también indicaba que deben revisarse los importes de los «documentos sin cuantía» (50€); capitulaciones, testamentos, actas, poderes… Y es que lo que no es serio ni tiene justificación es que los precios sean los mismos que hace 23 años. Lo que les ocurre a notarios y registradores no tiene parangón, 62 reducciones arancelarias en 20 años (tan sólo en parte compensadas por el boom inmobiliario), por supuesto sin memoria económica justificativa, ni audiencia de los interesados e incluso en contra de los informes del consejo de Estado, asumiendo nuevas obligaciones con las administraciones públicas, hacienda.. en materia de prevención de blanqueo y demás ABSOLUTAMENTE GRATUITAS, como las actuaciones electorales (únicos funcionarios que no cobran ese día, sin embargo, todos de guardia), en cambio, la oposición sigue siendo igual o más difícil, así se explica que haya cada vez menos firmantes… Al final (y queda muy poquito) se acabarán cargando lo único que funciona razonablemente bien, con eficacia, calidad y a costes ajustadísimos de la administración. Y cuando se llegue a esa situación, el pagar unos cuantos € más será nuestra última preocupación.
    Saludos!

    • Solo comentar que a mí esta subida no me afecta en absoluto. Estoy en contra de las medidas en general, que son «legisladas» con calzador donde y como no corresponde.

  3. de vergüenza, señores
    «Con el Gobierno hemos topado, amigo Sancho…»

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La Lectura de Ramón