Alzamiento de bienes y prelación de créditos. Sentencia absolutoria

Empezaré por recordar qué es un alzamiento de bienes y qué la prelación de créditos:

Alzamiento de bienes – definición

El alzamiento de bienes es un delito que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte de su patrimonio, dirigida a que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con el que poder cubrir su deuda. Lo que busca quien realiza el alzamiento de bienes es salvar su patrimonio o una parte del mismo, obstaculizando posibles embargos.

Prelación de créditos – definición

La prelación de créditos es el orden en que el deudor debe pagar al número de acreedores que este mismo posea, siempre y cuando los créditos adeudados sean exigibles para una misma fecha y en un ordenamiento establecido por el legislador.
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El alzamiento de bienes está penado con cárcel

En los casos en que es aplicable la prelación de créditos hay que tener en cuenta que los pagos se han de realizar siguiendo un orden concreto; hacerlo de otro modo sería beneficiar a unos acreedores en perjuicios de otros y eso podría entenderse como un desvío de responsabilidades. Ahora bien, lo primero que hay que aclarar es que la prelación de créditos NO ES APLICABLE en cualquier caso. A veces se argumenta en una acusación de ALZAMIENTO DE BIENES que se ha perjudicado a algún acreedor, pero eso no es en sí mismo motivo de acusación. Si el deudor acusado de alzamiento de bienes ha utilizado sus bienes para pagar a un acreedor, no importa que se trate de un acreedor menor o más reciente que el perjudicado, NO ESTAREMOS ANTE UN ALZAMIENTO DE BIENES.

Por lo tanto, no basta con que alguien se haya quedado «sospechosamente» sin nada embargable y no pueda afrontar unas deudas, para que pueda ser acusado de alzamiento de bienes y se le exija la reposición del patrimonio supuestamente ocultado. El alzamiento de bienes es un delito serio que implica condena de cárcel, pero como digo, no cualquier cosa es un alzamiento de bienes.

Detalles sobre una reciente sentencia absolutoria relacionada con el alzamiento de bienes:

«El criterio general establecido por la Jurisprudencia respecto al delito de alzamiento de bienes es claramente restrictivo, habiendo mantenido de forma clara y expresa que no cualquier actuación o acto de disposición del deudor que pueda “dificultar” la eficacia de un embargo es punible o constitutiva del delito de alzamiento de bienes, so pena de producirse una regresión al antiguo sistema penal de la “prisión por deudas”; lo esencial es que no se defraude la responsabilidad universal del deudor, es decir, que no se produzca un verdadero perjuicio al acreedor que dificulte o impida el ejercicio de su derecho y que la conducta del deudor esté movida por el dolo específico de perjudicar o defraudar a los acreedores. Así, tal como ha expresado el Alto Tribunal en Sentencia de 8 de octubre de 2009, entre otras, “no concurre delito de alzamiento de bienes cuando aquello que sustrae el deudor a la posible vía de apremio del acreedor fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes, pues lo que se castiga es la exclusión de algún elemento patrimonial a las posibilidades de ejecución de los acreedores en su globalidad y no individualmente en determinados, ya que esta figura no tipifica el incumplimiento de las normas relativas a la prelación de créditos […]”»

¿Y si los bienes ya han sido embargados?

En el caso de la sentencia que nos ocupa, lo que ha ocurrido (resumo brevemente) es lo siguiente:

1.- Existe una acusación de ciertos delitos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita…) que provienen del año 2006, estando la causa todavía pendiente de juicio a pesar de que son ya 9 años de instrucción.

2.- Los bienes del acusado son embargados preventivamente, sin tener en cuenta que dichos bienes ya no son del acusado, sino de otra persona porque han sido vendidos antes del embargo.

3.- La fiscalía, no solo se permite la liberalidad (abuso, prepotencia, como lo queramos llamar) de embargar unos bienes que no pertenecen al acusado, perjudicando claramente a un tercero que no está relacionado en modo alguno con el supuesto delito, sino que en el año 2013 y después de más de siete años de instrucción acumulada, hace una nueva acusación; esta vez de alzamiento de bienes, pidiendo que se reviertan las operaciones de venta LEGALMENTE realizadas y pidiendo tres años de cárcel para los acusados (comprador y vendedor). Evidentemente eso ha implicado, entre otras cosas, que el legítimo propietario de unos bienes no ha podido disponer de ellos (estoy hablando de 9 años y lo que sigue), pero también ha implicado posteriores embargos por parte de Hacienda al impedir las devoluciones de las retenciones provenientes del alquiler de esos bienes. Todo eso sin contar el daño moral y el estrés emocional que puede ocasionar una acusación de este tipo y la amenaza de cárcel a lo largo de los años sin poder hacer nada por impedirlo.

4.- De la causa principal se está procediendo ahora a los trámites de apertura de juicio oral, y como digo, los bienes del tercero siguen embargados.

Ramón Cerdá

 

 

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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5 Comentarios.

  1. Y si el acreedor es el propio administrador debla SL inculpado de alzamienfo de bienes?

    El préstamo lo fue realizando para pagar gastos de la empresa.

  2. Pues ciertamente, no se entiende muy bien que “Los bienes del acusado sean embargados preventivamente, sin tener en cuenta que dichos bienes ya no son del acusado, sino de otra persona porque han sido vendidos antes del embargo” siempre y cuando así consten inscritos en los registros públicos correspondientes.

    El Registro de la Propiedad, otorga protección frente a los acreedores del vendedor. Si el vendedor tiene o contrae deudas que no paga, los acreedores embargarán sus bienes, entre ellos los que consten en el Registro de la Propiedad, aunque su titular dominical sea otro, por lo que, el comprador que no haya inscrito su derecho o escritura, se verá inmerso en un proceso indeseado y costoso. Si la compraventa esté debidamente inscrita, el comprador será protegido judicialmente en caso de que, por otros, sea discutido su derecho de propiedad o se perturbe su posesión o derecho de ocupación.

    La clave del asunto por tanto, estaría en saber si dichos bienes embargados por la fiscalía, ya estaban inscritos en un registro público cuando se decreta el embargo preventivo (En el caso de inmuebles, en el Registro de la Propiedad) pues en tal caso, es de suponer que el Registrador no aceptaría la inscripción de embargo por deudas de un tercero, por estar protegida la inscripción existente por la fe pública, y a salvo la buena fe de los transmitentes y adquirentes en el momento de la compraventa. Lógicamente si se demuestra dolo sería otra lectura.

    Y otra cosa sería que, la compraventa, aun efectuándose ante notario, no estaría inscrita, en cuyo caso, el acreedor, lógicamente pretendería el resarcimiento con lo que encuentre a disposición, con lo que, el legítimo propietario afectado, deberá oponerse judicialmente y probar en el proceso, además de su condición de tercero, la titularidad del bien embargado, así como la adquisición del dominio de la cosa con anterioridad a la realización, o en su caso diligencia, de la traba del embargo.

    • En este caso en concreto la situación es algo distinta:

      1.- La causa se inicia en 2006
      2.- Los bienes a los que se refiere son titularidad de una sociedad, no del encausado.
      3.- Dicha sociedad ya había sido transmitida, y con ello las propiedades que «contenía».
      4.- La compraventa de participaciones es una acto no inscribible.
      5.- Los bienes en realidad no llegan a cambiar de nombre, por lo que no hay anotaciones de cambio de titularidad en el registro de la propiedad.
      6.- Cuando se percatan del asunto, no solo no levantan el embargo, sino que acusan al vendedor de las participaciones y al comprador de alzamiento de bienes por ocultación de patrimonio, pese a que la transmisión es anterior al embargo, pese a que la operación se hace como pago de otra deuda, y contra toda lógica.

      En todo caso la fiscalía tendría que haber intentado embargar las participaciones del socio y no los bienes de la sociedad porque son cuestiones distintas. Por otro lado, al justificar que la titularidad de las participaciones había cambiado, tendrían que haber anulado los embargos puesto que no pueden pretender embargar los bienes de alguien que ni siquiera figura en el procedimiento. Ahora ya hay sentencia y se está trabajando en el levantamiento del embargo, pero la cosa sigue igual porque el procedimiento principal continúa abierto y figura (absurdamente) la sociedad como responsable subsidiaria.

  3. si los bienes que se citan estaban vendidos antes del proceso no cabe embargo si el deudor fue mas rapido que la admistracion no hay nada que hacer unas veces se gana y otras se pierde esta gente se las sabe todas ya se sabe echa la ley echa la trampa y si no un claro ejemplo los politicos !!!!!!!!!!!!

  4. yo creo que a través de una tercería de dominio, cuando fue realizado el embargo, ya se podría haber mencionado por auto o sentencia un juzgado normal, quien es el propietario, y haber presentado las pruebas en ese proceso y anularse los embargos de fiscalia

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