Agencia Tributaria y Servicio Público, ¿conceptos contradictorios?

#agencia tributaria y servicio publico

La Agencia Tributaria es cada vez menos Servicio Público.

Agencia Tributaria

¿Debe ser un Servicio Público?

Esa es la teoría, que la Agencia Tributaria sea un servicio público, pero en la práctica cada vez resulta todo más dudoso. Como ejemplo pondré, antes de ir al grano, que hablar en según qué departamentos de la Agencia Tributaria por teléfono es tarea prácticamente imposible. A menudo hemos estado en el despacho una semana completa sin poder contactar y haberse tenido que desplazar para solucionar las cuestiones in situ.

Pero no es del lamentable servicio telefónico de la Agencia Tributaria de lo que quería hablar, sino del recorte de servicio que ha supuesto la nueva obligación de presentar las declaraciones de manera telemática dejando fuera de juego a un importante número de ciudadanos. Personalmente me ha sorprendido que no se haya ocasionado un mayor revuelo a nivel nacional; nos tienen aletargados. Como protesta mayoritaria, pero sin demasiado ruido, destacaría la que ha protagonizado la Confederación Intersindical Gallega —CIG— que se ha encargado de presentar numerosas quejas en nombre de pequeños contribuyentes, especialmente los de edad avanzada.

“La Agencia Tributaria debe prestar un servicio público a los ciudadanos y no es de recibo que imponga obligaciones que compliquen la vida de los contribuyentes”, expuso don Antón Lestón, responsable de CIG quien denunció que la medida obliga incluso a pequeños arrendatarios o propietarios de un pequeño negocio a contratar los servicios de una gestoría, cuando hasta ahora habían podido presentar un sencillo impreso personalmente.

Estas nuevas medidas contrastan con la posibilidad de que nos hagan la renta gratuitamente y de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria —cosa que por cierto nunca he recomendado—. ¿Por qué en el caso de las declaraciones de renta ofrecen un servicio de ese tipo y en las otras cuestiones, no solo no lo ofrecen, sino que ponen cada vez más trabas y problemas a los contribuyentes?

Creo que falta planificación y sentido común en la aplicación de muchas de las nuevas normativas que parecen hechas sin pensar demasiado las consecuencias.

Ramón Cerdá

 

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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6 Comentarios.

  1. Una sociedad con dos socios al 50% y los dos son administradores mancomunados. Ambos cotizan como autónomos en la Seguridad Social. ¿Podría solicitar la baja en cotización a la seguridad Social uno de los socios dado que no realiza gestiones como administrador?.

    • Es imposible que uno de los administradores mancomunados no realice gestiones como administrador puesto que, siendo mancomunados, TODO lo tienen que firmar ambos administradores.

      En cualquier caso, si quiere darse de baja uno de ellos, bastará con cambiar el órgano de administración de dos mancomunados a uno único, y con eso bastaría la cotización del que quedara.

  2. Apreciado Ramón: Sin pretender enmendar a los profesionales, quisiera aportar dos ideas esenciales:
    A) Tendemos a confundir “Función” con “Servicio Público”. Me explico: la Justicia, la Sanidad, la Educación, la Hacienda… son Funciones estatales (solo ciertas competencias están transferidas, con la especialidad de las Haciendas Forales). Y para atender esas funciones hay unos servicios, oficinas u órganos administrativos. Con tales oficinas los políticos hacen y deshacen a su puro antojo (ponen tasas por su uso, los transfieren, los “empresarializan”, los privatizan… así nos va). Y entonces “dicen” que estas oficinas son “servicios públicos” con el único fin de no tener que enfrentarse a ciudadanos (con derechos) si no a “clientes” (sin más derecho que el de pagar):
    Hemos de rechazar que nos impongan “el nombre de las cosas”, porque este incluye una concepción “interesada” (¿recuerdan en TV oír hablar de los “liberados/comandos/etc. de ETA”?… ¿desde cuándo hemos de asumir como propios los términos del enemigo?)
    B) La AEAT, es el organismo que “debería” 1) ayudar al ciudadano a cumplir con su deber tributario (servicio AL público), y 2) castigar al defraudador (ejercicio de la función). Evidentemente, fracasa. Y solo por falta de interés en que funcione, y eso cada euro que se invierte en mejorarla supondría al menos 10 euros más en recaudación… ¡sorprendente!
    Pero la cuestión es que el sistema impuesto de “tramitación telemática” requiere como contrapartida que la Administración facilite previamente los medios (pues si los sufragamos es un “sobreimpuesto”). Me explico:
    Una Empresa puede estar quebrada, o sin bienes, o simplemente sin liquidez ¿Quién paga el coste de la presentación telemática? Tráfico ya obligaba a las Empresas a la comunicación telemática ¿pero cómo, si no se dispone de medios? ¿y quién facilita la cuenta de correo electrónico, una tercera empresa, generalmente extranjera y que puede desaparecer sin responsabilidad alguna?
    No basta con considerar como “gasto” la adquisición del material informático o los honorarios del profesional tramitador: se ha que garantizar una conexión gratuita y codificada (Ley de Protección de Datos) y una dirección de correo OFICIAL vinculada al CIF en un servidor de correo inatacable y 100% seguro… dependiente de la Administración.
    La multa por “falta de presentación telemática” es de 1500 euros, si no me equivoco. Si soy Administrador de una Empresa sin posibilidades y me presento en la oficina de la AEAT con mi declaración de impuestos ¿podrían negarse a introducirla manualmente en el sistema informático en interés de la Empresa que manifiesta querer cumplir sus obligaciones tributarias? Lo dudo.
    Ahí queda, creo que un abogado podría hacer mucho daño con este argumento…

    • Comentando sus líneas finales le diré que con toda seguridad se negarían. Ahora bien, en esos casos lo que hay que exigir es que se nieguen por escrito y a continuación presentar una queja. Es la única manera de que quede constancia suficiente como para que prospere cualquier reclamación. De otro modo siempre acaban negando la realidad.

      Muy elaborado todo el comentario.

  3. Ya, lo siento, RC, pero en este viaje te llevo la contraria. El pequeño arrendatario que llenaba su impreso a bolígrafo tiene en la página Web los modelos para hacerlo sin gastar tinta. Lo único: el certificado digital. Y esto es más fácil de obtener que ir a Hacienda o al banco (por cierto, veo que no has tratado seuo lo cada vez más difícil hacer algo en un banco: una sola caja, colas eternas, mal servicio…). No me parece tan aberrante el que los impuestos se hagan telemáticamente. Y yo tampoco recomiendo lo de hacer la renta en Hacienda (el zorro y las gallinas, etc). Y que conste: yo no hago rentas a gente de la calle o sea que no es espíritu gremial…

    • Lo de la renta es algo que siempre he dicho, cuando era asesor y ahora que no lo soy, así que entiendo que no sea por espíritu gremial como dices. A lo otro, personalmente no tengo ningún problema con que se haga telemáticamente; para mí eso es una ventaja. Lo que no veo bien es la obligación porque, aunque sea muy sencillo como tú dices (y como yo reafirmo), hay gente que no está preparada para ello (que ni tiene ordenador ni lo sabe usar) y hasta ahora se defendía bien con el papelito. En cualquier caso me encanta que hagas constar tus discrepancias de criterio.

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