Este artículo lo he publicado con anterioridad como colaborador en TV Digital Ontinyent
¿Quién no ha seguido este asunto durante todo el tiempo en el que nos han estado bombardeando los medios de comunicación? Es un asunto que no ha pasado en modo alguno desapercibido y por el que la gran mayoría nos hemos decantado en una u otra postura desde el principio, pero a muy pocos ha dejado indiferente. La idea de este breve artículo no es, ni defender la inocencia de Camps, ni mucho menos atacar la sentencia de inocencia (o de no culpabilidad), sino la de reflexionar sobre ciertos aspectos del asunto.
No hace mucho que algunos hospitales de la Seguridad Social, cuando atienden a un paciente, le hacen entrega de una “factura” con el montante de los gastos que ha ocasionado su asistencia. Eso se hace para concienciarnos a nosotros como ciudadanos de que hemos de ser más cuidadosos a la hora de usar alegremente los recursos de todos. No me parece mal y creo que cada vez somos todos más conscientes de que los recursos son limitados y de que no es correcto que vayamos a urgencias por un simple catarro o cosas similares, pero ¿qué ocurre con la Justicia? ¿Alguien se ha preguntado cuánto dinero nos ha costado a todos la historia esta de los trajes de Camps? ¿De verdad era necesario hacer todo lo que se ha hecho por apenas 10.000 euros que ni siquiera han sido sustraídos de los fondos públicos, sino que supuestamente corresponden a un regalo de un tercero?
Esa sería mi primera reflexión sobre el asunto: ¿Qué nos ha costado y para qué ha servido? Recordemos que no se estaba juzgando, ni el blanqueo de capitales de una red fraudulenta, ni la financiación ilegal del partido, ni nada de eso, por mucho que se hayan estado mezclando los conceptos en las noticias. Solo se estaba juzgando el hecho de haber aceptado unos trajes.
Por otro lado, si nos atenemos al veredicto de no culpabilidad, ¿qué ocurre ahora? Camps tuvo que dimitir de su cargo en la Generalitat por el hecho de estar imputado; no por haber sido condenado a nada, que de hecho no lo ha sido. Sin duda todo eso le ha supuesto daños morales y posiblemente económicos que no le serán resarcidos. Siempre que alguien acaba imputado por algo se le exige desde la vox populi que dimita.
Mi segunda reflexión sería esa: ¿Por qué se le exige a alguien que renuncie a su cargo o a sus responsabilidades por el hecho de ser imputado? Muchas veces se confunden los conceptos, e imputado nada tiene que ver con condenado ni con culpable. Uno puede ser imputado por numerosos motivos; a veces basta una denuncia, en otras ocasiones por el mero hecho de aparecer en un documento público, aun no teniendo nada que ver con la cuestión. No hablo de oídas, sé perfectamente a qué me refiero. Yo mismo he sido imputado en más de una ocasión por el simple hecho de figurar como fundador de una sociedad posteriormente vendida y con la que se haya podido realizar (los nuevos propietarios) alguna supuesta irregularidad. ¿Debería haber dimitido de mi cargo en la empresa por ello? Es absurdo, y más cuando estas cuestiones tienden a alargarse varios años.
El veredicto ha sido de 5 a 4, lo cual refleja la misma división que existe en la calle cuando se habla de este tema; bueno, de este y de otros muchos. La sociedad tiende a dividirse en dos grandes bloques siempre que hay algo que suscita polémica, tanto da que se refiera a temas de aborto, como de la Ley antitabaco, o, como en el caso que nos ocupa, al asunto de los trajes de Camps.
Tercera reflexión: ¿De verdad se han tenido en cuenta las pruebas que una y otra parte han estado presentando en el Tribunal, o es el mismo voto que cada uno de los jurados hubiese hecho el día en que fueron nombrados como tales? En esta tercera reflexión incluyo el hecho de que no se puede mediatizar un asunto como este y luego juzgarlo con jurado popular, donde el que más y el que menos ha sido bombardeado durante meses, o incluso años mediáticamente, y tiene una opinión formada. Yo me pongo en el lugar de cualquiera de los jurados, y sé que hubiese sido muy difícil hacerme cambiar de opinión (la que ya tenía formada cuando se inició el juicio), con independencia de los argumentos de la fiscalía y de la defensa. Tendríamos que ser más cautelosos con estos asuntos, y el común de los ciudadanos (me incluyo), no debería de enterarse de los detalles hasta que todo hubiese concluído. No es bueno realizar juicios paralelos, y cualquiera de los jurados se conocía al dedillo el asunto antes de empezar; todos habían oído hablar del sastre, de sus desaveniencias con la empresa, de los trajes, las facturas, etc. etc.
Cuarta y última reflexión: ¿Qué no tenía de política esta situación? Todo ha sido un pulso entre partidos, el intento de un partido por desprestigiar a otro, y no estoy con ello defendiendo a nadie porque al contrario también ocurre, y mientras, los problemas del país se dejan a un lado, nos entretienen como hacían los romanos con sus juegos de gladiadores.
Me parece que todo esto ha sido una pérdida de tiempo y un mal uso del dinero de todos.
Ramón Cerdá
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